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El juicio contra Cristian Gabriel «Pity» Álvarez Congiú (54), acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano «Gringo» Díaz (36), volvió a suspenderse hasta que la Cámara de Casación se pronuncie sobre una serie de 20 planteos de recusación presentados por la defensa contra los jueces a cargo del debate.
La sexta audiencia comenzó con un nuevo pedido de nulidad por parte de la defensa, que el tribunal rechazó. En ese momento, advirtió: «Habría que preguntarse si el riesgo de Álvarez está basado en que la defensa lo trae al debate».
Álvarez llegó temprano a los tribunales, mostrando buen humor. Antes de ingresar a la sala del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29, agradeció a los policías que custodian el operativo de seguridad cada vez que ingresa o sale del Palacio de Justicia, ubicado en la calle Paraguay al 1500.
El músico vestía una remera con la frase «En este lugar me conocen todos», un sombrero gris y anteojos oscuros. También llevaba una linterna roja en la frente, la misma que utilizó en la audiencia anterior, cuando debió ser asistido por una ambulancia del SAME tras una descompensación. Tenía los labios pintados de rojo y, debajo del ojo izquierdo, una línea negra conocida como «eye black», utilizada por jugadores de rugby para evitar el reflejo de las luces del estadio. En sus manos sostenía una botella con jugo de frutas y un libro del Código Penal de la Nación Argentina, decorado con una calcomanía de una carabela y el nombre del músico Gabriel Carámbula. Lo acompañaba su hermana Silvina, quien le llevó un café y facturas.
La defensa, encabezada por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, planteó nuevamente la nulidad del juicio basándose en el estado de salud de Álvarez. Señalaron que en la última jornada el exlíder de Viejas Locas debió ser hospitalizado por una descompensación. Baños explicó: «Se realizó un nuevo estudio médico que concluye que existe un consumo anárquico de medicamentos, lo cual representa un riesgo cierto para su salud psicofísica. Se recomienda un tratamiento médico interdisciplinario y no se descarta un riesgo para su propia vida». Además, indicó que una evaluación reciente determina que «se contraindica la exposición a situaciones o lugares que superen su capacidad de afrontamiento o impliquen sobrecarga cognitiva».
Durante la exposición, Álvarez utilizó una notebook para escribir e intentó, sin éxito, conectarse a Internet. También se lo escuchó respirar con dificultad en varias ocasiones. Queijeiro añadió que «una defensa técnica no es igual a una defensa material» y que, aunque el músico cuenta con sus defensores, «no quiere decir que esté comprendiendo».
El fiscal general Sandro Abraldes respondió que los hechos expuestos no son nuevos y que «lo que la defensa pretende es poner en tela de juicio la continuidad del debate. El juicio comenzó y tiene que terminar. Cada audiencia no depende de cómo llegue el imputado que, según sus propios médicos, tiene un consumo activo no supervisado de medicamentos». Además, recordó que Álvarez no puede salir de la Ciudad de Buenos Aires sin autorización del tribunal y que viajó a Morón para realizarse un estudio interdisciplinario evaluado por un psiquiatra. «La fiscalía no dejará de considerar que hoy está acá sentado», sostuvo Abraldes.
Mientras los jueces deliberaban, Álvarez conversaba con su abogado. A diferencia de jornadas anteriores, no se durmió, aunque se mostró ausente. Finalmente, el juez Gustavo Goerner, en acuerdo con sus colegas Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, rechazó la existencia de un hecho nuevo que afecte la capacidad del acusado para comprender el juicio. Goerner destacó que el tribunal no desconoce los problemas de salud de Álvarez, pero que las reiteradas peticiones sobre el mismo tema están retrasando el avance del proceso. «Curiosamente, cuando cambió la defensa, la situación de Álvarez se agravó. Ya se le brindó la posibilidad de no estar presente y ser representado por su letrado. Veo varios abogados aquí y ninguno aceptó esa opción», afirmó.
El juez también cuestionó a la defensa: «Habría que preguntarse si el riesgo de Álvarez está basado en que la defensa lo trae al debate. No es el tribunal ni las partes acusadoras quienes ponen en riesgo su salud. Es improcedente una nueva evaluación médica».
En respuesta, Baños presentó los 20 planteos de recusación contra el tribunal y la fiscalía. Los puntos principales fueron el pedido de suspensión del juicio por considerar que los jueces no son los naturales del debate, la negativa a realizar una nueva evaluación médica, la no incorporación de un informe pericial presentado por la defensa y la oposición a reinterrogar a dos testigos clave que presenciaron el hecho.
El fiscal Abraldes respondió a las recusaciones contra la fiscalía: «La defensa usará todo con fines de suspensión. Mienten y no han mostrado respeto por esta sala. No hay recusación contra este fiscal, sino solo disconformidad con las decisiones del tribunal».
Después de un nuevo debate entre los jueces, con la participación de dos secretarios del tribunal, el presidente del TOC rechazó la recusación contra la fiscalía. «Es la segunda vez que se recusa a la fiscalía por temor a parcialidad», indicó.
Aunque calificó de «improcedente» el planteo de recusación contra el tribunal, se resolvió que la Cámara de Casación debe definir la suspensión de
