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Una jueza de la Provincia de Buenos Aires ordenó este lunes suspender de manera preventiva por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad a 14 años, vigente desde hace apenas 48 horas.
La resolución fue emitida por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, en respuesta a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, representando a adolescentes privados de libertad. El presidente de esta organización es el sacerdote José María Di Paola, conocido como el padre Pepe.
El fallo —al cual accedió Clarín— pone en cuestión la capacidad e infraestructura de la Provincia para implementar el nuevo sistema aprobado por el Congreso hace más de seis meses. La jueza destacó que debe analizarse si el Estado puede ampliar el universo de adolescentes sometidos al sistema penal sin contar con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para garantizar los estándares constitucionales vigentes en toda privación de la libertad durante la adolescencia.
Para fundamentar su decisión, el tribunal consideró las inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, donde se había establecido un cupo máximo de 60 adolescentes, al no cumplirse los requisitos mínimos. Aunque se reconocieron avances edilicios, en provisión de agua potable y alimentación, se detectaron deficiencias persistentes en el acceso a la educación efectiva, formación profesional, ámbitos laborales y en la limitación de los tiempos de aislamiento, prácticas recurrentes en distintos dispositivos provinciales según información del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA).
El fallo subraya que “el Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos ocurra para intervenir”, pues cuenta con indicios razonables para anticipar el riesgo de vulneración. Además, señala que “no respetar las condiciones mínimas de los derechos de los adolescentes detenidos trae consecuencias negativas para la sociedad: el hacinamiento incrementa, tarde o temprano, los niveles de inseguridad y violencia”.
Pascual también remarcó que las remodelaciones edilicias necesarias para alojar a menores alcanzan impacto inmediato debido al aumento previsto en la cantidad de detenidos, producto de los cambios en los parámetros para detenciones y prisiones preventivas.
Por ello, la jueza resolvió suspender la aplicación de la ley 27.801 en la Provincia de Buenos Aires por un plazo de sesenta días y convocó a una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre, donde se requerirá a los funcionarios del Ejecutivo provincial que informen las medidas adoptadas para la implementación de la normativa.
Sin embargo, la decisión generó debate entre magistrados. Varios jueces consultados indicaron que existe un “gris jurídico” y señalaron que la orden podría aplicarse únicamente en la jurisdicción de Lomas de Zamora. También mencionaron que la suspensión de una ley por un fallo judicial no sería general, por lo que la normativa podría seguir vigente en otras circunscripciones. En este sentido, desde la Comisión Provincial por la Memoria, organismo que se opone al cambio legal, advirtieron que otros magistrados podrían tomar decisiones diferentes y que el habeas corpus colectivo no fue registrado oficialmente, por lo que no obliga a remitir casos similares al juez que dictó la suspensión.
Cabe destacar que Marta Elba Pascual fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia durante la gobernación de Eduardo Duhalde.
La suspensión judicial se produce el mismo día en que el Gobierno nacional oficializó, mediante el Decreto 875/2026 publicado en el Boletín Oficial, las pautas para la aplicación práctica del nuevo sistema en la justicia nacional y federal.
La ley, sancionada en febrero de este año y promulgada en marzo, entró en vigencia 180 días después, desatando cuestionamientos en distintos ámbitos judiciales que atienden causas de menores, tanto a nivel nacional como provincial.
En la Provincia de Buenos Aires, el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y encabezado por Andrés “Cuervo” Larroque, manifestó su rechazo a la reducción de la edad de imputabilidad y criticó los recortes nacionales en programas para niñez y adolescencia.
Por su parte, el gobernador Axel Kicillof sostuvo que deben priorizarse programas de inclusión y seguimiento para jóvenes en conflicto con la ley para evitar la reincidencia, en lugar de adoptar un enfoque punitivo, lo que fue interpretado como una crítica implícita a la ley impulsada por el Gobierno nacional.
Desde el ámbito político, la senadora libertaria Patricia Bullrich fue una de las primeras en reaccionar ante el fallo de la jueza, responsabilizando al gobernador bonaerense y afirmando que “se pone del lado de los delincuentes”. En sus mensajes en la red social X, Bullrich afirmó que “los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad” y criticó a la “Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”. Concluyó que vivir en la provincia “es un terror, porque el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”.
La resolución judicial y los debates suscitados reflejan la complejidad y la controversia en la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia más poblada del país.
