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En una decisión sin precedentes, el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky exigió que se fije fecha para el juicio oral de la causa conocida como la Mafia de los Contenedores. Este proceso, iniciado hace diez años, incluye a 98 imputados —de los cuales 45 son funcionarios aduaneros—, involucra alrededor de 1.500 contenedores y representa un perjuicio estimado para el Estado de 300 millones de dólares.
El reclamo de Aguinsky surge en un contexto de aumento de denuncias por contrabando y de inquietantes movimientos internos en la Aduana. En un fallo al que tuvo acceso Clarín, el magistrado recordó que en junio de 2024 elevó la causa N° 529/2016/273, vinculada al legajo de investigación por contrabando agravado, actualmente a cargo del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2.
Sin embargo, ese tribunal, encabezado por el juez Jorge Alejandro Zabala, decidió postergar sin fecha el inicio del juicio oral y público, originalmente previsto para pasado mañana, argumentando la necesidad de “mejorar el orden en el proceso” ante las circunstancias presentes.
Aguinsky destacó la magnitud del expediente, que cuenta con 68 cuerpos de documentación y sus respectivos anexos, y recordó que los 98 imputados incluyen a 45 funcionarios aduaneros presuntamente involucrados en maniobras que habrían generado un daño millonario para las arcas públicas.
El juez aprovechó el caso para plantear un cuestionamiento de fondo sobre dónde debería concentrar sus esfuerzos la Justicia para combatir el contrabando. “Sin duda es allí, en la causa de la Mafia de los Contenedores, donde el Poder Judicial debe volcar sus esfuerzos para luchar contra el contrabando”, advirtió Aguinsky.
### Movimientos y preocupación en la Aduana
Este planteo se corresponde con una situación que ha generado alarma en fuentes judiciales: la posible designación del abogado Rodrigo Peydro como nuevo Director General de Aduanas. Peydro es defensor de varios verificadores imputados en la causa de la Mafia de los Contenedores.
El pasado mes, José Velis presentó su renuncia al cargo de titular de la Aduana, aunque esta aún no fue aceptada. En paralelo, se produjo un movimiento interno que llamó la atención: fueron removidas las abogadas de la Aduana que impulsaron la denuncia que originó la causa, en la que están imputados los 45 funcionarios por presuntas irregularidades en los controles.
Según fuentes judiciales, la semana pasada dichas abogadas recibieron una intimación para pasar a una categoría inferior o quedar a disposición de Recursos Humanos, con el objetivo de ser trasladadas desde el área legal a otro sector de la Aduana. Estos movimientos ocurren mientras la causa principal permanece sin fecha para el comienzo del juicio oral.
### De 1.500 contenedores a 58 sábanas
En su resolución, Aguinsky estableció un contraste que revela la disparidad en la escala de las investigaciones por contrabando que llegan a los tribunales. Por un lado, la Mafia de los Contenedores, con aproximadamente 1.500 contenedores y un perjuicio estimado en 300 millones de dólares, con 98 imputados. Por otro lado, una causa menor en la que el juez procesó a Saavedra Valenzuela por la tenencia “prima facie” de mercadería de origen chino: 58 sábanas, 20 frazadas y 15 colchas, con un valor total de 840.736 pesos.
Este contraste llevó al magistrado a señalar la necesidad de actualizar los parámetros legales que determinan la gravedad económica de las maniobras de contrabando y de las infracciones aduaneras. “El contrabando erosiona la recaudación fiscal, promueve la competencia desleal, precariza el empleo, oscurece la trazabilidad de las operaciones y dificulta la seguridad y el control sobre los productos que se comercian”, afirmó.
En el mismo fallo que procesó a Valenzuela, Aguinsky advirtió que “los montos previstos en esa figura penal han quedado desactualizados frente al proceso inflacionario que atravesó nuestro país en los últimos años”, y consideró “razonable impulsar una actualización legislativa de los valores establecidos en el artículo 947 de la Ley 22.415”.
El juez tomó como referencia el monto mínimo de 500.000 pesos fijado en diciembre de 2017, fecha de la última reforma, y lo actualizó según la inflación acumulada informada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según el cálculo incluido en el fallo, ese valor equivaldría actualmente a unos 48.382.973 pesos.
### La presión del contrabando sobre la industria
El planteo del juez se produce en un contexto en el que el contrabando vuelve a instalarse como una preocupación creciente para la industria argentina. A la caída de la demanda interna se suma la presión de productos que ingresan desde el exterior y que, según las empresas, en algunos casos lo hacen bajo condiciones de competencia desleal o directamente a través del contrabando.
Un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) revela que casi seis de cada diez empresas consultadas consideran que el impacto del contrabando sobre su actividad es alto o muy alto: un 35% calificó este efecto como alto y un 24,7% como muy alto.
En este contexto, mientras una megacausa de contrabando con 98 imputados sigue sin fecha para el juicio oral, Aguinsky puso de relieve la necesidad de que la Justicia concent
