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«El Paisa» declaró y dijo que la droga secuestrada en su casa «fue plantada» por la Policía

Hasta el momento las siete personas detenidas por la venta de cocaína adulterada aseguraron ser inocentes ante la Justicia o se negaron a declarar.

Joaquín «El Paisa» Aquino, señalado como el sucesor del preso narco Miguel Ángel «Mameluco» Villalba e investigado por la procedencia de la cocaína adulterada que la semana pasada mató a 24 personas e intoxicó a más de 80 en la zona noroeste del conurbano bonaerense, declaró este jueves en la causa en la que está detenido por tráfico de estupefacientes que la droga hallada en su domicilio fue «plantada» por la Policía.

Fuentes judiciales informaron que Aquino amplió esta tarde su indagatoria ante el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, quien le imputa los delitos de «tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y tenencia ilegítima de arma de guerra».

Aldana Benítez, pareja del «Paisa», y Mónica Altamirano, hermana de la mujer, también volvieron a ser indagadas por el magistrado, por pedido de la defensa, y por el momento continuarán detenidas.

Las fuentes consultadas señalaron que Aquino, que cuenta con el abogado defensor Ezequiel Briceño, declaró ante el juez que la droga que secuestraron en su domicilio cuando lo detuvieron la semana pasada fue «plantada» por la Policía.

En igual sentido se manifestó Benítez, quien convive con «El Paisa» en el mismo inmueble de Villa Loyola, en la localidad de Villa Concepción, partido de San Martín.

Por su parte, Altamirano declaró que ella no sabía que habían hallado drogas en su domicilio cuando la detuvieron y que se enteró luego cuando le leyeron el acta de procedimiento.

A su vez, la imputada solicitó la excarcelación ya que tiene a su cuidado un hijo de tres años, lo que ahora será evaluado por el juzgado en función de una serie de documentación y estudios previos que se deben llevar a cabo antes de resolver la cuestión.

La causa que lleva adelante el juez Culotta tiene, además de a estos tres acusados, otros cuatro detenidos: Alberto Medina, pareja de Altamirano; Julio César Ferrari; Marcelo Canhue y Jonathan Granero.

Y en la primera indagatoria los siete se declararon inocentes o se negaron a declarar.

De acuerdo a los pesquisas, Ferrari está imputado de ser «el cocinero» de la droga y ya estuvo preso por otras causas por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

En tanto, a Canhue se lo acusa de guardar la droga antes de que fuera distribuida y comercializada.

Y respecto de Medina, los investigadores sospechan que actuaba como «chofer» de la banda para trasladar los estupefacientes y el dinero producto de su comercialización.

Todos los imputados en este expediente afrontan los mismos cargos aunque con distintos grados de responsabilidad, siendo «El Paisa» el presunto «organizador» de la banda.

Además, en la causa hay una sospechosa más que no quedó detenida, pero que se le notificó de la formación del proceso en función de que en el allanamiento a su domicilio se encontró solo un teléfono celular.

Se trata de un expediente paralelo al que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín y en el que se investigan las 24 muertes y más de 80 intoxicaciones por la ingesta de cocaína adulterada.

En esa causa, el fiscal Germán Martínez presentó anteayer al juez de Garantías Mariano Grammatico Mazzari un planteo de declinación de incompetencia para que las actuaciones pasen a la justicia federal con el argumento de que se afectó a la salud pública y que ese fuero tiene más recursos para desarticular toda la organización.

El juez ya le corrió vista a las defensas de los seis imputados detenidos en este caso para que brinden su opinión, y luego definirá si coincide con el planteo y envía el expediente por las muertes e intoxicaciones a los juzgados federales de Morón o Tres de Febrero, que ya tenían otras causas que pueden estar ligadas a la misma organización criminal.

En el dictamen, el fiscal argumentó que «la pluralidad de intervinientes de al menos seis personas con desarrollo de distintos roles dentro la organización delictiva, como ser vendedores, custodios que ofician de ‘seguridad’, los denominados ‘satélites’ que alertan la presencia policial, los encargados de la guarda y ocultamiento de gran cantidad de droga fraccionada en nylon termosellado (más de 3.700 entre ambos lugares); dan cuenta de una organización compleja».

También definió a la droga que la banda comercializaba en el asentamiento Puerta 8 de Tres de Febrero como un «arma letal» y sostuvo que «la investigación de los homicidios cometidos no pueden escindirse de la competencia federal originaria sobre la Ley 23.737».

En esta causa hay seis personas que fueron detenidas en el búnker del asentamiento Puerta 8 donde se vendió la droga adulterada: Nicolás Matías Campos (18), Luis Alberto Rodríguez (26), Iván Daniel Ávalos (21), Mauricio Adrián Balcarce (29), Gabriel Héctor Faudez (47) y Priscila Micaela Faundez (19).

Todos ellos están imputados de «tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia ilegal con fines de comercialización agravada por la pluralidad de intervinientes en forma organizada, en concurso real con homicidio simple reiterado en al menos seis oportunidades y tentativa de homicidio simple reiterado en al menos 10 oportunidades».

El mismo juez Grammatico Mazzari al resolver que estos seis acusados quedaran presos le sugirió a la fiscalía agravar la calificación a «homicidio calificado por el uso de veneno como método insidioso».

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